Minería, en cuidados intensivos

Cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el sector minero-energético fue catalogado como una ‘locomotora’ central para el crecimiento de la economía, basándose en la elevada producción y en el alza en los precios que se pronosticaba para el próximo lustro. Sin embargo, su estado actual dista mucho del ilustrado por el mandatario, y ha cubierto de cierto escepticismo a parte del empresariado y del Ejecutivo, quienes han buscado medidas rápidas para estimular la producción y así lograr salir de este difícil momento.

No obstante, Colombia es solo una víctima de una realidad que lo sobrepasa. Según señala el informe Tendencias, que elabora anualmente la firma Deloitte,alrededor del mundo, las regiones mineras han evidenciado una caída en su producción, como consecuencia de cambios estructurales en el mercado laboral, elevados costos de los insumos, escasez crítica de energía y agua, disminución en la calidad de los minerales y un legado ineficiente de asignación de capital.

Solo el año pasado, según datos de la Superintendencia de Sociedades, las empresas mineras en Colombia tuvieron pérdidas por $1,5 billones y una reducción de $1,1 billones en ingresos operacionales. Lo anterior, se tradujo, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en un decrecimiento del valor agregado de la rama de explotación de minas y canteras en 0,2%. Este comportamiento obedeció a la disminución en el valor agregado de minerales metálicos en 8,4% y petróleo crudo y gas natural en 1,4%. Por su parte, en las actividades relativas a los minerales metálicos, los mayores descensos se registraron en  la producción de oro, con un 13,9%, y de níquel en 3,5%. 

Y aunque Colombia cuenta con un territorio de 114’218.901,09 hectáreas, de las cuales, solo 5’084.084,91 son utilizadas para la actividad minera, lo cierto es que en los últimos meses, las sanciones sociales y ambientales, ya sea por carga, explotación en zonas de páramo o contaminación de ríos, además de las dificultades en infraestructura para el transporte interno, han hecho más pedregoso el camino para el empresariado minero, quien al unísono solicita mayor apoyo por parte del Gobierno.

Así lo evidencia el informe Brújula Minera, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría y Jaime Arteaga y Asociados, donde el 25% de los directivos de las principales compañías mineras consultadas afirmaron que el precario apoyo del Gobierno es la principal causa de la reducción de las operaciones del sector en el último año. Cifra que contrasta con lo expuesto por parte de las autoridades gubernamentales, quienes encuentran, en el rechazo de las comunidades a la minería, el origen de este descenso. 

En respuesta a lo anterior, el pasado mes de mayo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM) se unieron para lanzar el sello de industria “Minería bien hecha: progreso para Colombia”, una iniciativa público-privada que busca remover del imaginario de la opinión pública distintos mitos referentes a la actividad extractiva, y hacer frente a la creciente oposición a la minería que lideran distintas organizaciones sociales.

En entrevista con Reportero Industrial, Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, afirmó que este sello busca hacer visible lo que la minería tiene para ofrecerle a la ciudadanía y al país. “Con este sello estamos buscando evidenciar aquellas buenas prácticas que hacen que las compañías mineras vayan un poco más allá de lo legalmente establecido, buscando siempre los mejores estándares internacionales en el cumplimiento de su objeto social.”

Y aunque según reveló Brújula Minera, el 46% de los ciudadanos encuestados, habitantes de municipios mineros, tienen una visión positiva de las compañías mineras, el 60% también considera que la actividad que realizan estas empresas afecta de forma significativa el medio ambiente. Es por esto, que organizaciones como Greenpeace han lanzado campañas que se oponen a la actividad extractiva, como la llamada “Aduéñate del páramo de Pisba”, una iniciativa que invita a los colombianos a ‘adueñarse’ de uno de los páramos más importantes del departamento de Boyacá, donde las comunidades se oponen al desarrollo de la minería de carbón, pues su vida depende del agua que se produce en estos ecosistemas.
 
En un comunicado publicado por esta organización, Silvia Gómez, coordinadora local de Greenpeace en Colombia, afirmó que “los crecientes problemas de contaminación de agua y deterioro de los ecosistemas a causa de la minería de carbón, no son sólo un asunto de las comunidades que viven en los páramos. Es una realidad que afecta a todos los colombianos y a las grandes ciudades”.

Lo anterior no lo desconoce el líder gremial, quien admite que la industria minera debe trabajar de la mano con la responsabilidad ambiental. “Entendemos que cuando se generan impactos debemos evaluar cómo prevenirlos, y si no es posible, encontrar formas de mitigarlos”, declaró Urdinola. Sin embargo, también resalta que esta mala imagen es consecuencia en gran parte de la minería ilegal, la cual realiza esta actividad sin cumplir ningún tipo de protocolos. “La extracción ilícita de minerales representa no solo un crimen económico sino ambiental”, agregó.

Y a pesar que a principios de este año, el Gobierno colombiano puso en marcha una serie de medidas con el objetivo de combatir la minería ilegal, entre las que destaca la creación de un Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), una herramienta que busca controlar la comercialización de minerales que tengan origen ilícito, para Ángel Urdinola estas medidas han sido insuficientes. “Al parecer no nos hemos dado cuenta del tamaño del problema, a pesar, que según cifras del mismo Gobierno Nacional, en más de 300 municipios se presenta la extracción ilícita de minerales. Éste es un problema tan grande como el narcotráfico, y  se interrelaciona con la criminalidad, por lo cual demanda mucho más empeño y presupuesto para combatirlo.”

Las cifras lo avalan; según datos de la Fiscalía, hoy se encuentran abiertas más de 6.500 investigaciones sobre minería ilegal, por bandas de buscadores de oro, coltán y uranio, diseminadas por 12 regiones del país, que incluyen 21 departamentos: Cauca, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Guainía, Putumayo, Valle, Vichada, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Risaralda, Caldas y Caquetá.

Es por esto que tanto los directivos mineros como las autoridades de gobierno coinciden en que la extracción ilícita de minerales es un mal mayúsculo que ha contribuido a la crisis que hoy vive el sector. Así lo evidencian los resultados de la Brújula Minera, donde las dos partes sitúan a la explotación ilícita como el segundo tema que más debe preocupar al Gobierno Nacional, otorgándole una puntación 9,36 entre 10.

Medidas paliativas

Ante el complejo panorama internacional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en un intento por satisfacer las demandas de los industriales mineros, presentó a principios del mes de julio el Plan de Impulso de Productividad y el Empelo (Pipe 2.0), el cual contempla una serie de medidas en beneficio de la industria minera y energética.

Este plan busca promover la exploración bajando el canon superficiario, es decir, el pago por arrendamiento de cada hectárea destinada a la explotación minera, hasta en un 50% en promedio. Además, busca mantener el beneficio arancelario de 0% para bienes del sector, lo que ayudará a mantener las inversiones y que éstas se reflejen en mayores regalías.

Para Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, las medidas contempladas en el Pipe 2.0 son “buena iniciativas en una fase muy inicial, pero creemos que el plan debe ser más ambicioso, para mirar cómo le damos verdadero apoyo a la industria minera en un escenario de precios que no habíamos vivido hace muchos años.” Adicionalmente, el líder gremial ha afirmado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de reducir el impuesto a los explosivos, 43% mayor que en otros países de la región, y con la posibilidad de contar con las retenciones de la DIAN, que superan los US$40 millones. 

Estas medidas se suman a los artículos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo que incluyen instrumentos para impulsar y asegurar las inversiones de exploración y explotación, haciendo más flexibles los compromisos contractuales.

No obstante, los expertos coinciden que más allá de los temas tributarios, el Gobierno debe enfocarse en mejorar la coordinación entre las autorizadas involucradas en la actividad extractiva. Así lo evidencia los resultados arrojados en Brújula Minera, donde tanto los directivos mineros, como las autoridades de gobierno concuerdan en que una de las principales razones de la poca productividad del sector se encuentra en las dificultades para obtener las licencias ambientales, seguido de la falta de estabilidad jurídica.

Y aunque el presente del sector frunce el ceño de la mayoría, Ángel Urdinola considera que Colombia tiene todo para convertirse en una potencia minera en la región. “Las calificadoras internacionales en lo único en que no castigan a Colombia, es en el potencial geológico, a pesar que solo el 30% del territorio nacional ha sido explorado a la escala adecuada. Lo importante es que el Estado tome una decisión de como queremos hacer la minería, que existan los incentivos adecuados y las reglas de juego de largo plazo.”

Innovación, una bocanada de aire fresco

Además del poco favorable momento que vive el mercado internacional de los productos mineros, y las cada vez más numerosas bandas dedicadas a la explotación ilícita, sumado a los obstáculos en la tramitología de licencias ambientales, la industria nacional minera vive un estancamiento tecnológico que le ha impedido adaptarse a esta difícil situación, haciendo más eficientes los procesos y reduciendo costos desde la misma etapa de exploración.

La implementación de nuevas tecnologías, según señala el informe Tendencias, se ha convertido en una estrategia  óptima para controlar los costos, ya que compañías que han invertido en tecnologías como minería remota, equipo autónomo, y trenes y camiones sin conductor han reducido los gastos de forma sustancial, elevando a la par la productividad.

De igual forma, este informe invita a las compañías a explorar tecnologías de información emergentes, como tecnología en la nube, con el propósito de consolidar datos provenientes de fuentes dispares para modernizar las cadenas de suministro y perfeccionar la planeación minera. “Por medio del dominio de grandes archivos de datos en tiempo real, algunas compañías están, incluso, optimizando el procesamiento mundial de minerales desde una sola ubicación”, reseña Deloitte.

Pero Tendencias va un poco más allá; el estudio afirma que uno de los males generalizados en las compañías mineras es el temor a adoptar tecnologías provenientes de otras industrias. “Al deshacerse de esta mentalidad, las compañías mineras pueden liberarse a fin de adaptar aplicaciones prácticas que ya existen en otras industrias e implementarlas para satisfacer sus necesidades actuales”.

Al respecto, Ángel Urdinola afirma que a nivel tecnológico “las grandes compañías mineras en Colombia son altamente competitivas, sin embargo si es necesario un mayor apoyo en materia de capital, de acceso a créditos, para la pequeña minería, que aún es muy local.  Cualquier esfuerzo que se haga por tecnificarla, beneficiará al sector en general.” 

De igual forma, el alto costo de la energía es una queja generalizada especialmente en los directivos mineros, los cuales podrán encontrar un alivio en nuevas tecnologías que permitan la implementación de fuentes de energías renovables más seguras. Deloitte incita a las compañías mineras a no obviar fuentes como la hidroelectricidad, la biomasa y la energía geotérmica. “Las empresas que buscan alternativas a los combustibles fósiles tradicionales deben considerar una amplia gama de opciones, junto con la viabilidad de los sistemas híbridos, a fin de determinar la mejor solución. Algunos factores a tomar en cuenta incluyen la disponibilidad de energías renovables específicas, la cantidad de energía necesaria, la disponibilidad de sistemas locales existentes y los plazos de operación. El auge del petróleo de esquito bituminoso en EE.UU. ha incentivado el uso de biocombustibles y gas natural líquido (GNL) como alternativas más económicas que el diesel”, se afirma en Tendencias.